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En el marco de la Cuarta Marcha Federal Universitaria, las organizaciones convocantes leyeron un duro documento contra la política educativa del gobierno de Javier Milei y reclamaron por la implementación de la ley de Financiamiento Universitario, por las universidades públicas y en defensa de la democracia. En el mensaje, pidieron a la Corte Suprema «que no permita que el Gobierno siga incumpliendo la ley de Financiamiento». El máximo tribunal tendrá la última palabra en el ámbito judicial.
Miles de personas se dieron cita en diferentes puntos del país, con epicentro en Plaza de Mayo, para acompañar el pedido de recomposición presupuestaria que encabezan las universidades públicas ante el ajuste que lleva adelante el Poder Ejecutivo desde el 10 de diciembre del 2023. Hasta la fecha, el Consejo Interuniversitario Nacional denuncia un recorte del 45.6% sobre los recursos.
En un duro documento firmado por el CIN y refrendado por organizaciones gremiales docentes, calificaron al financiamiento del sistema universitario nacional como «crítico» y aseguraron que la principal causa es que el Gobierno nacional «incumple la regla democrática y constitucional básica: cumplir la Ley de Financiamiento Universitario que establece un piso recursos que asegura el normal desenvolvimiento del sistema».
A la crisis presupuestaria, las universidades le añaden la decisión del Gobierno de no cumplir con la ley de Financiamiento aprobada por el Congreso y defendida por ambas cámaras ante el intento de veto. «Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe no es solo lo relativo al presupuesto universitario, es el contrato social que nos mantiene libres y en un estado de derecho», advirtieron.
Sobre el final de la lectura del documento, los presentes elevaron sus reclamos al Poder Judicial, donde se dirimirá el futuro de la normativa luego del per saltum presentado por el Ejecutivo. «Le pedimos a la Corte Suprema de Justicia que nos acompañe y escuche el clamor de las plazas de toda la república y no permita que el Gobierno nacional siga incumpliendo la Ley de Financiamiento Universitario», manifestaron en defensa del derecho a la educación, el carácter alimentario de los salarios y de las becas y la obligación del Estado nacional de financiar la universidad pública.
