
Un cartón con seis huevos —más blancos que marrones—, una botella de medio litro de aceite, medio kilo de arroz, medio kilo de harina, un paquete de levadura, un litro de leche, una lata de tomate triturado y otras de lentejas y arvejas verdes.
Estos son los nueve productos que conformaban el Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA), la caja de alimentos que la provincia de Buenos Aires entregó hasta abril a casi 2.100.000 familias con hijos en escuelas públicas bonaerenses.
La ayuda se distribuía una vez al mes y su armado estaba a cargo de los Consejos Escolares de los 135 municipios. Estos organismos no son autónomos: sus presidentes responden al poder municipal y se eligen junto con intendentes o concejales, según el calendario electoral.
Aunque las marcas de los productos eran poco conocidas, cumplían con los valores nutricionales establecidos. Si bien la caja no resolvía la alimentación familiar, contribuía a mitigar el hambre, especialmente en sectores muy vulnerables del Gran Buenos Aires, donde la preocupación por la falta de recursos es constante.
El programa MESA demandaba una inversión considerable: entre 28.000 y 30.000 millones de pesos mensuales, financiados íntegramente por la provincia. Este gasto genera tensiones en un presupuesto que enfrenta crecientes dificultades para equilibrarse, a diferencia de lo que sucede en las cuentas nacionales. Pablo López, jefe de Economía de Axel Kicillof, recuerda a sus colegas ministros la frase popularizada por Javier Milei: «No hay plata».
El ajuste de Milei llega a provincia
Expertos en finanzas provinciales, advierten que sin los fondos nacionales que no llegan, se correrá el riesgo de no poder afrontar el pago de los casi 600.000 salarios estatales provinciales. Un integrante del gobierno provincial, que monitorea el deterioro fiscal, señala a Clarín que desde 2023 se sumaron cerca de 80.000 empleados públicos en Buenos Aires, exacerbando el desequilibrio entre ingresos y gastos.
Entre febrero y marzo, Kicillof interpretó la urgencia de implementar recortes significativos. Para preservar un discurso progresista antimilei, se optó por un ajuste fuerte y único que permitiera culpar con claridad a los sectores liberales, según relatan desde el oficialismo.
En consecuencia, el gobernador decidió suspender por 90 días la entrega del módulo alimentario MESA a partir de mayo. Durante casi tres semanas, esta medida impactó sin captar gran atención mediática.
El argumento oficial de Kicillof sostiene que el programa MESA fue implementado durante la pandemia con financiamiento compartido entre Nación y Provincia, donde esta última afrontaba el 60% del costo. Con la llegada de Milei a la presidencia, la Nación retiró su aporte del 40%, equivalente a unos 12.000 millones de pesos mensuales que ahora debe cubrir exclusivamente la provincia.
Esta situación genera incomodidad general, incluso en los intendentes, quienes se quejan por enfrentar las críticas de sus vecinos. En respuesta, varios se reunieron y marcharon al Ministerio de Capital Humano para manifestar su malestar ante Sandra Pettovello, ministra de la gestión provincial.
Informo Guillermo Janices @gjanices para Identidad Play
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