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El Gobierno reglamentó el nuevo Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), una modalidad similar a un “mini RIGI” destinada a impulsar proyectos de inversión de pequeñas y medianas empresas con desembolsos que van desde los US$150.000 hasta los US$9 millones.
La iniciativa, oficializada este martes por ARCA junto con las secretarías de Agricultura y de Energía, contempla beneficios fiscales relacionados con la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y la devolución anticipada de saldos técnicos de IVA.
Este esquema fue incorporado en la ley 27.802 de Modernización Laboral y busca extender a las pymes incentivos tributarios comparables a los previstos en el RIGI para grandes inversiones.
Según explicó ARCA, el régimen pretende “promover el desarrollo económico y de las cadenas de valor, fortalecer la competitividad de diversos sectores, favorecer la creación de empleo e incrementar las exportaciones”.
El beneficio está dirigido a micro, pequeñas y medianas empresas, así como a asociaciones, fundaciones, mutuales y otras entidades civiles. Para acceder, deberán contar con el Certificado MiPyME vigente y estar registradas ante ARCA en las categorías habilitadas.
Uno de los principales incentivos es la posibilidad de amortizar inversiones de manera acelerada en el Impuesto a las Ganancias. En el caso de bienes muebles amortizables, las empresas podrán deducir la inversión en dos cuotas anuales consecutivas, mientras que ciertas categorías especiales —como sistemas de riego, bienes de eficiencia energética o mallas antigranizo— podrán amortizarse íntegramente en un solo ejercicio.
Asimismo, el régimen incluye la devolución anticipada de créditos fiscales de IVA vinculados a inversiones productivas. De acuerdo con el tributarista Sebastián Domínguez, el sistema permitirá solicitar la devolución de esos saldos a favor luego de tres períodos fiscales mensuales desde que sea procedente su cómputo, mejorando el flujo de caja de las empresas y reduciendo el costo financiero de invertir.
Los montos mínimos de inversión varían según el tamaño de la empresa: para microempresas, el piso será de US$150.000; para pequeñas empresas, US$600.000; para medianas tramo 1, US$3,5 millones; y para medianas tramo 2, US$9 millones. El plazo para concretar las inversiones será de dos años.
Domínguez destacó que la publicación de la resolución conjunta “completa parte de la reglamentación” y deja al régimen “formalmente en condiciones de comenzar a operar”. Sin embargo, advirtió que aún faltan definiciones clave para que el esquema funcione plenamente.
Entre los aspectos pendientes mencionó que ARCA no ha implementado el Sistema de Gestión de Inversiones (SGI), la plataforma web mediante la cual las empresas deberán registrar proyectos, seleccionar beneficios y tramitar su adhesión. Tampoco se publicaron las normas que determinarán qué bienes específicos integrarán las categorías exceptuadas de los montos mínimos de inversión.
El especialista también señaló que persisten dudas sobre el mecanismo de devolución del IVA y advirtió que los umbrales mínimos podrían excluir a una parte importante de las micro y pequeñas empresas. “US$150.000 para microempresas y US$600.000 para pequeñas empresas dejarán fuera a una porción significativa de las MiPyMEs, especialmente a las más pequeñas”, afirmó.
A pesar de estas limitaciones, desde el sector empresario consideran que el RIMI representa un intento del Gobierno por generar un esquema de incentivos focalizado en inversiones productivas de menor escala, en un contexto de caída de la actividad económica y restricciones de financiamiento para las pymes.
