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La renuncia inesperada del general (R) Sergio Maldonado a la conducción de la recién creada obra social de las Fuerzas Armadas no fue un hecho aislado. Detrás de su salida, oficializada como “por motivos personales”, se acumulaban tensiones internas, decisiones financieras controvertidas y un episodio trágico que precipitó su dimisión.
Según pudo reconstruir Clarín, Maldonado mantuvo en los últimos días una fuerte discusión con el ministro de Defensa, el también general Carlos Presti. Aunque el ministro tiene mayor poder político, su trayectoria militar más breve generaba un componente simbólico que complicaba la relación con el ex titular de la obra social.
El conflicto surge en el contexto de la crítica situación de la obra social militar, heredera de la crisis estructural de IOSFA. Maldonado había asumido hacía poco más de un mes con la misión de revertir ese deterioro, pero rápidamente se encontró con los límites impuestos por el Gobierno para resolver el problema de fondo.
En este marco, un hecho dramático actuó como catalizador: el suicidio del suboficial mayor retirado Carlos Velázquez, en San Juan. El hombre, de 77 años, intentó quitarse la vida el 4 de marzo y falleció el 1 de mayo. En una carta manuscrita denunció que la obra social le había suspendido la cobertura en medio de un cuadro grave que derivó en cáncer, tras haber agotado todas las vías de reclamo.
Para fuentes cercanas al Ministerio de Defensa, este episodio fue “la gota que derramó el vaso”. En el entorno de Maldonado aseguran que el general quedó profundamente afectado y manifestó que no estaba dispuesto a continuar en el cargo bajo condiciones que pudieran generar situaciones similares.
De fondo, también están las diferencias en Defensa sobre la estrategia financiera para afrontar el deterioro de la atención social de los afiliados a IOSFA. La deuda que dejó la gestión del ahora exministro Luis Petri —diputado libertario por Mendoza— oscila entre 250.000 y 300.000 millones de pesos. En febrero pasado, ante la grave situación para atender las necesidades más urgentes en salud de los entonces 600.000 afiliados, el gobierno de Javier Milei dividió lo que funcionaba como IOSFA, que atendía tanto a militares como a efectivos de seguridad. Así quedaron la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG) para Gendarmería y Prefectura, y la IOSFA para los militares.
Ante la falta de recursos genuinos, fuentes cercanas informaron que la nueva IOSFA implementó un mecanismo de emergencia consistente en utilizar partidas originalmente destinadas al pago de sueldos del personal militar, con la promesa de que el Tesoro las reintegraría. La elección no fue casual: esos fondos tienen una disponibilidad más rápida que los destinados a infraestructura o equipamiento.
Este esquema permitió cubrir parcialmente urgencias en el corto plazo —el mes pasado el Tesoro repuso parte de esos fondos—, pero no solucionó el problema estructural. “Están tapando agujeros, pero generan otros”, sintetizó una fuente castrense, describiendo un escenario aún lejos de la normalización que el Gobierno intenta mostrar.
Maldonado, en línea con lo que el propio Presti había insinuado públicamente, proponía una salida más drástica: que el Estado absorbiera la deuda acumulada de la gestión anterior para “arrancar de cero”. Sin embargo, esta iniciativa fue descartada.
Sin ese respaldo, el funcionamiento de la obra social quedó condicionado a recortes operativos, diferimiento de pagos y reasignaciones internas de recursos que, según coinciden distintas fuentes, carecen de sustentabilidad. También se solicitó a Maldonado que constituyera un plazo fijo con fondos de aportes de las Fuerzas Armadas para generar intereses. La situación es caótica: la obra social no está prestando las prestaciones habituales y este tipo de maniobras suelen emplearse cuando la situación financiera es estable. A pesar de ello, la iniciativa prosperó.
Paralelamente, la situación financiera continúa deteriorándose. La nueva estructura no sólo no logró reducir el pasivo heredado, sino que enfrenta un déficit operativo mensual cercano a los 18.000 millones de pesos. Además, el mecanismo de aportes desde el presupuesto de las Fuerzas Armadas —que debía cubrir hasta el 33% de las necesidades— no se está cumpliendo en su totalidad.
